En medio de la opacidad que envuelve la asignación de contratos directos de la Comisión Federal de Electricidad para la compra de carbón a una serie de empresas mineras de la Región Carbonífera, destaca un pedido por 17 mil toneladas a Minera “Las Cuatas”, representada por Joel Bermea Castilla, quien en el pasado fue vinculado como operador con el grupo delincuencial “Los Zetas”.

En ese entonces el cártel era encabezado por Heriberto Lazcano “El Lazca”, que bajo amenazas invadió diversos predios mineros –incluso algunos de la familia Guadiana Tijerina— desde los que se entregaba mineral a Prodemi.

El hermano y socio de Joel, José Reynold Bermea Castilla, fue detenido por elementos de la Armada de México y posteriormente recluido en el penal de alta seguridad del Altiplano, acusado de portación de armamento prohibido y delitos contra la salud. Tras su liberación, fue ajusticiado presuntamente por delaciones ante la PGR.

Muchas otras empresas fueron consideradas por la CFE, de las cuales ningún productor de carbón tenía noción de existencia, por lo que el desprecio por efectuar controles previos de antecedentes seguridad y de legalidad –STPS, IMSS, SAT, Semarnat, etcétera– se conjugó con el oculto criterio para determinar en destino y volumen los pedidos.

ADJUDICACIÓN CORRUPTA DE CFE

Productores inconformes afiliados a las dos asociaciones de carboneros que fueron ignorados por la CFE en la colocación de pedidos, aseguran que en ningún momento la empresa del Estado realizó algún tipo de inspección general a minas para determinar al menos su existencia y en su caso capacidad real de producción para cumplir con los volúmenes contratados.

Precisan como demostración que a un par de empresas de la misma familia, Desarrollos de Carbón El Arca, S.A de C.V, de Eduardo Aguirre Martínez, y Minera Jipa, de su tío Abelardo Alberto Jiménez Pader, les asignan 142 mil 500 toneladas de carbón y 72 mil toneladas, respectivamente, para un total de 214 mil 500 toneladas, cuando sus cuevas y pozos están cerrados y prácticamente abandonados.

Como justificación, en privado los funcionarios de la paraestatal afirman que se basaron en un informe realizado hace un par de años por el Servicio Geológico Mexicano, que sin embargo marca en rojo o amarillo a la mayoría de las empresas ahora asignadas, por carecer de minas, estar sancionadas por la STPS, carecer de manifiesto de impacto ambiental y otras irregularidades.

Como otros ejemplos que denotan la existencia de corrupción, señalan que así como aparece con 47 mil toneladas la empresa veracruzana Construcciones Transforma, representada por Joaquín Barrañón Carreón, sin ninguna relación con la industria del carbón, sucede algo similar con Transportes Somifer, en que aparece como representante Ana Sofía Aréchiga sin tener yacimiento conocido.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *