El gobierno mexicano informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) comenzó a investigar en 2020 una red de corrupción interna, cuatro años antes de que autoridades de Estados Unidos hicieran públicas denuncias sobre sobornos y contratos irregulares en la paraestatal.
Según el reporte, al menos tres funcionarios de alto nivel fueron separados de sus cargos y cinco auditorías serán reabiertas debido a presuntas alteraciones en procesos de licitación. El gobierno afirma que estas medidas forman parte de la estrategia de “limpieza” que inició al comienzo de la actual administración.
Entre los nombres mencionados aparecen Alejandro Rovirosa y Mario Ávila, acusados de haber participado en esquemas de sobornos para la adjudicación de contratos millonarios durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La Fiscalía General de la República mantiene abiertas varias carpetas de investigación.
La revelación busca mostrar que Pemex no permaneció pasiva ante las irregularidades, aunque la oposición ha señalado que el gobierno reaccionó tarde y que solo actúa bajo presión internacional. Diversos analistas coinciden en que el daño a la imagen de la petrolera sigue siendo profundo.
La administración federal insiste en que habrá sanciones ejemplares y en que se mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción. Sin embargo, el caso recuerda que Pemex continúa siendo una de las instituciones más golpeadas por escándalos en la historia reciente de México.