El Partido Acción Nacional (PAN) en Durango exigió al Gobierno Federal una investigación a fondo contra la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), al señalar que esta organización continúa ejerciendo “dominio y cobrando derecho a piso” no solo a ganaderos, sino también a empresarios, situación que advirtieron, afecta la seguridad, la inversión y la generación de empleos en la entidad. Así lo manifestó el dirigente estatal del PAN, Mario Salazar, quien llamó a que las autoridades federales no se limiten a detenciones aisladas y profundicen en la estructura del problema.
“Por qué no solamente es detener a alguien y aplicar la justicia, es llegar al fondo del problema y que el gobierno federal asuma su responsabilidad en la parte de seguridad y de garantías para la gente que se dedica a generar empleos tenga esa tranquilidad y de seguir trabajando sin ser víctima de extorsión, realizando una investigación con consecuencias jurídicas contra esta organización”, expresó el líder panista, al subrayar la necesidad de acciones firmes y resultados tangibles.
Salazar Madera añadió que las autoridades federales “no, debe de echar de lado el tema y tiene que entrarle de lleno para ver quien está al frente de la Catem que es Pedro Haces y ¿y quién este personaje? es militante de Morena que ha ayudado al partido político en las pasadas elecciones”, por lo que insistió en que se investigue sin sesgos políticos y con total transparencia.
Asimismo, el dirigente del PAN en Durango denunció que la CATEM realiza operativos en los procesos electorales para amedrentar y favorecer intereses partidistas, lo que vulnera la democracia y el Estado de derecho. Ante este escenario, exigió que se abra una investigación contra Haces Barba, dirigente nacional de la organización, con el objetivo de terminar por completo la red de extorsión y garantizar condiciones de seguridad para quienes producen, invierten y generan empleo.
Finalmente, el PAN reiteró su llamado al Gobierno Federal para asumir su responsabilidad en materia de seguridad pública, combatir la extorsión y asegurar que las investigaciones lleguen “hasta donde tengan que llegar”, con consecuencias jurídicas claras y sin impunidad.