Armando Castilla Galindo, director general del periódico Vanguardia, fue liberado este sábado luego de que el juez de control del Poder Judicial de Nuevo León resolviera no vincularlo a proceso. El caso fue desechado de plano. La Fiscalía no logró probar lo que nunca existió: ni fraude, ni contrato, ni indicios. La verdad se impuso y la justicia prevaleció. Quedó claro que no había delito, sino una fabricación. Agradecemos la solidaridad de colegas, ciudadanos y voces libres que, como nosotros, no están dispuestas a callar.
La resolución del juez Luis Eduardo Hernández Meza dejó en evidencia lo que era claro desde el inicio: la acusación de la Fiscalía no tenía sustento. El pasaporte presentado por la defensa –que prueba que Armando Castilla no estaba en México el día del supuesto acuerdo– bastó para desmontar la narrativa construida. No hubo compraventa, ni anticipo, ni engaño. La Fiscalía llevó un caso armado con retazos y sin pruebas. El juez, simplemente, no compró la historia. Y al no encontrar elementos, negó la vinculación.
La actuación de la Fiscalía de Nuevo León fue escandalosa. En lugar de investigar con seriedad, fabricó una acusación débil, sin sustento y cargada de intereses políticos y económicos. Se movilizaron recursos públicos, se montó un operativo desproporcionado y se intentó construir un caso para dañar la imagen del director de este medio. Todo esto bajo la conducción del fiscal Javier Flores Saldívar, que usó su cargo no para hacer justicia, sino para perseguir y golpear desde el poder.
Este caso, sin duda, atraerá la atención del gobierno de Claudia Sheinbaum. La mayoría de las fiscalías estatales operan sin control, con estructuras opacas que permiten el uso político de la justicia. Es urgente que la Presidencia impulse un nuevo modelo que reconfigure estas instituciones, garantice transparencia y evite que se sigan usando para fabricar delitos, perseguir ciudadanos o castigar adversarios incómodos. La transformación también debe alcanzar a quienes hoy abusan del poder desde la “autonomía”.
Cuando Samuel García, gobernador de Nuevo León, acusó que la Fiscalía era operada por el PRI y usada como garrote político contra su gobierno se desató un conflicto político que incluso derivó en el inicio de juicio político contra el Gobernador. El problema comenzó cuando el Congreso –dominado por PRI y PAN– impuso a Pedro Arce como encargado de despacho. Samuel denunció persecución política orquestada por operadores priistas. Lo tacharon de victimista, pero lo que hoy vemos lo confirma: la Fiscalía fue y sigue siendo un instrumento de operadores priistas.