La FGR reabre el caso de Naasón Joaquín, líder de la Luz del Mundo

 Un juez federal ordenó al gobierno mexicano reabrir el caso criminal en contra del líder de la Iglesia de La Luz del Mundo. Luego de una audiencia realizada en los juzgados de Puente Grande, Jalisco, un juez federal determinó revocar la decisión de la no acción penal emitida en diciembre de 2025 por el Ministerio Público y en su lugar.

La reapertura del caso ocurre tras la determinación previa de la Fiscalía Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (FEITPOC) de no ejercer acción penal, pese a que las denuncias contra el líder religioso fueron presentadas desde 2019 por al menos dos víctimas. La audiencia de impugnación se llevó a cabo a puerta cerrada en Puente Grande, a solicitud de la defensa de Sóchil Martin, uno de los denunciantes, en un proceso que ahora vuelve a colocar el caso en el centro del debate jurídico y social.

La defensa de otra de las víctimas, Sharim Guzmán, informó a ‘Milenio’ que, tras una audiencia privada, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (FEITPOC), deberá reabrir el caso luego de determinar el no ejercicio de la acción penal el pasado diciembre de 2025.

Cabe señalar que Sóchil Martin y Sharim Guzmán, también participaron en el proceso judicial en Estados Unidos por el que se declaró culpable de 3 cargos por agresión sexual contra menores

Hay que recordar que Naasón Joaquín debe cumplir con una sentencia de 16 años y 9 meses en Estados Unidos por haber cometido abuso sexual en contra de menores tras declararse culpable en 2022.

Pese a la magnitud de las acusaciones y los procesos abiertos en ambos países, la organización religiosa continúa operando a nivel internacional, con presencia en decenas de países y una base significativa de seguidores. La reapertura del caso en México podría tener implicaciones legales y  políticas, especialmente en torno a la actuación de las autoridades y la protección de víctimas en delitos de esta naturaleza. 

 Un juez federal ordenó al gobierno mexicano reabrir el caso criminal en contra del líder de la Iglesia de La Luz del Mundo. Luego de una audiencia realizada en los juzgados de Puente Grande, Jalisco, un juez federal determinó revocar la decisión de la no acción penal emitida en diciembre de 2025 por el Ministerio Público y en su lugar.

La reapertura del caso ocurre tras la determinación previa de la Fiscalía Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (FEITPOC) de no ejercer acción penal, pese a que las denuncias contra el líder religioso fueron presentadas desde 2019 por al menos dos víctimas. La audiencia de impugnación se llevó a cabo a puerta cerrada en Puente Grande, a solicitud de la defensa de Sóchil Martin, uno de los denunciantes, en un proceso que ahora vuelve a colocar el caso en el centro del debate jurídico y social.

La defensa de otra de las víctimas, Sharim Guzmán, informó a ‘Milenio’ que, tras una audiencia privada, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (FEITPOC), deberá reabrir el caso luego de determinar el no ejercicio de la acción penal el pasado diciembre de 2025.

Cabe señalar que Sóchil Martin y Sharim Guzmán, también participaron en el proceso judicial en Estados Unidos por el que se declaró culpable de 3 cargos por agresión sexual contra menores

Hay que recordar que Naasón Joaquín debe cumplir con una sentencia de 16 años y 9 meses en Estados Unidos por haber cometido abuso sexual en contra de menores tras declararse culpable en 2022.

Pese a la magnitud de las acusaciones y los procesos abiertos en ambos países, la organización religiosa continúa operando a nivel internacional, con presencia en decenas de países y una base significativa de seguidores. La reapertura del caso en México podría tener implicaciones legales y  políticas, especialmente en torno a la actuación de las autoridades y la protección de víctimas en delitos de esta naturaleza. 

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