Torreón, Coahuila. A más de un año de que se hiciera pública una denuncia relacionada con una menor en un colegio particular de la ciudad, colectivas feministas y activistas de La Laguna se manifestaron este día a las afueras de los juzgados para exigir justicia y acompañar a la familia durante una audiencia del proceso.
Durante la diligencia, la madre de la niña recibió el respaldo de organizaciones civiles que acudieron para brindar acompañamiento emocional y visibilizar el caso. Las participantes señalaron que su presencia busca evitar que la familia enfrente sola el proceso judicial.
Ariadne Lamont, coordinadora de Justicieras por Nuestras Infancias, destacó la importancia de mantener el acompañamiento a las víctimas indirectas y de exigir que las autoridades actúen con enfoque de protección integral a la niñez.
La movilización ocurrió en medio de la preocupación de las colectivas por la posibilidad de que la defensa solicite el sobreseimiento del caso durante la etapa intermedia del procedimiento, lo que, advirtieron, podría cerrar el proceso sin una resolución de fondo.
Nayeli Salazar, vocera de Activistas Feministas de La Laguna, señaló que esa posibilidad representa un riesgo de impunidad, por lo que demandaron que el asunto se analice con exhaustividad y bajo criterios de protección a la infancia.
Durante la protesta, las organizaciones también expresaron preocupación por la existencia de otro señalamiento dentro del mismo entorno escolar, situación que, dijeron, refuerza la necesidad de no dar por concluido el proceso sin agotar todas las líneas de investigación.
Ante este panorama, las manifestantes hicieron un llamado al juez de la causa y a la Fiscalía para Mujeres y la Niñez para que las diligencias se realicen de manera completa, con perspectiva de infancia y sin tolerancia a cualquier forma de encubrimiento institucional.
Las colectivas y la comunidad que acompañó la protesta advirtieron que se mantendrán atentas al desarrollo del caso y al actuar de las autoridades, con el fin de que se garantice la protección de las familias denunciantes y se descarte cualquier riesgo para otras infancia.