Una pequeña empresa de Gómez Palacio, dedicada al ramo farmacéutico y con apenas 60 empleados, descubrió que tenía más de 400trabajadores falsos dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), distribuidos en 10 registros patronales distintos y en estados tan lejanos como Jalisco, Yucatán y Oaxaca.

El hallazgo, ocurrido el pasado miércoles a través de un informe presentado por el IMSS a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), reveló que en total se habían registrado 18,079 trabajadores bajo la razón social de la compañía, sin que esta tuviera conocimiento o participación alguna.

El abogado Juan José Rojas Torres, del despacho jurídico Más que Derecho, quien asesora a la empresa afectada, explicó que el fraude se realizó mediante el uso indebido de las claves electrónicas (Fiel) del Servicio de Administración Tributaria (SAT), las cuales fueron robadas y utilizadas para firmar digitalmente los trámites en el portal del Imss.

“Se presentaron con un poder falso y triangularon el procedimiento entre el Sat y el IMSS. Literalmente, alguien imprimió un poder apócrifo, lo escaneó y lo presentó como si fuera legítimo.

El sistema del instituto es tan vulnerable que no tiene capacidad para detectar si un poder es falso”, denunció. La gravedad del caso no se limita a las altas irregulares.

El principal riesgo es que, al aparecer miles de trabajadores ficticios, el Imss pueda fincar créditos fiscales millonarios por cuotas obrero-patronales no pagadas. “El instituto se lava las manos.

Dice que si hay créditos fiscales, la empresa debe defenderse. Pero, en realidad, quien gana es el propio Imss, porque esos créditos se convierten en dinero para el instituto”, señaló Rojas Torres.

Recordó que otro empresario de la región ya enfrenta un crédito fiscal de siete millones de pesos y que, para poder impugnarlo ante el Tribunal de Justicia Administrativa, primero debe garantizar o pagar el monto reclamado; de lo contrario, enfrenta el congelamiento de cuentas y el riesgo de quiebra.

La empresa afectada presentó denuncias ante la Vicefiscalía de Durango por usurpación de identidad, además de quejas ante Prodecon y un juicio de amparo para protegerse de posibles créditos fiscales. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido insuficiente. El Imss argumenta que cada subdelegación es independiente y que los trámites realizados en otras entidades deben resolverse en esos estados, lo que complica aún más la defensa de las compañías.

“Nos dicen que la información sobre créditos fiscales la tiene el área jurídica y que no pueden proporcionarla. Esa negativa nos deja en incertidumbre jurídica total”, lamentó el abogado

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