Torreón, Coahuila. El flagelo del crimen organizado en México ha dejado de ser una amenaza excepcional para convertirse en un riesgo estructural que amaga con la captura total de nuestras instituciones.
Ante la alarmante vulnerabilidad del Estado y la preocupante lentitud o parálisis política para reaccionar frente a acusaciones de alta gravedad que involucran a mandatarios estatales, el diputado federal Marcelo Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa para reformar de manera integral los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La propuesta busca romper de tajo con la impunidad estructural, erradicando los bloqueos políticos y los esquemas de protección que tradicionalmente se activan desde el poder cuando un titular del ejecutivo local es señalado por nexos delictivos.
El proyecto plantea dos ejes fundamentales: la activación automática e inmediata de un procedimiento de investigación a cargo de la Fiscalía General de la República ante indicios fundados o imputaciones formales, y la eliminación absoluta de la declaración de procedencia (fuero) en casos graves de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita o narcotráfico, ordenando además la separación cautelar del cargo una vez que el servidor público sea vinculado a proceso.
Al respecto, Marcelo Torres fijó una postura contundente y crítica frente a la realidad que vive el país: “México enfrenta una crisis inédita donde las instituciones locales corren el riesgo de convertirse en trincheras de las mafias. Los recientes señalamientos internacionales e investigaciones judiciales de gran impacto no pueden seguir topándose con la inacción o la complicidad del compadrazgo político.
El fuero constitucional se diseñó para proteger la función pública, jamás para operar como un escudo de impunidad absoluta frente a delitos que ensangrientan a nuestra sociedad.
Lo que hoy proponemos es un mecanismo automático, jurídicamente robusto y despolitizado. Si existen elementos fundados o solicitudes de cooperación internacional por narcotráfico contra un gobernador, la justicia debe actuar de inmediato, sin discrecionalidad y sin pedir permiso a los congresos.
No se trata de prejuzgar, se trata de blindar al Estado mexicano y proteger la seguridad de la gente. La ley debe medir a todos con la misma vara; por eso lanzo una pregunta incómoda a quienes hoy ostentan el poder: si realmente tienen las manos limpias y nada que ocultar… ¿por qué le temen tanto a perder el fuero?”
Finalmente, el diputado federal detalló que la iniciativa respeta rigurosamente los principios de presunción de inocencia y debido proceso establecidos por los estándares internacionales. La reforma prevé plazos estrictos de 180 días naturales para que tanto el Congreso de la Unión como las entidades federativas adecuen y armonicen sus marcos jurídicos secundarios una vez publicado el decreto, cerrando definitivamente las ventanas de la discrecionalidad.