El entorno familiar del niño de 11 años que cometió el ataque armado en el Colegio Cervantes, en Torreón, ha acaparado la atención de las autoridades locales y federales que han involucrado a los abuelos y padres del menor en actividades ilícitas que son parte de la investigación y de las cuales han informado a la prensa.
Para Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), las autoridades responsables del caso han tenido un manejo poco profesional de la información y han olvidado que detrás de lo ocurrido el viernes pasado hay un niño de 11 años, víctima del entorno de violencia que ha perdurado en el país en los últimos años.
“Este niño es un hijo de la guerra contra el crimen. Así como el Estado mexicano decidió usar al ejército y confrontarse y estimular a que los grupos criminales pasarán de tener pistoleros que cuidaban los traslados, a tener ejércitos privados con capacidad de fuego y que se deriven 13 millones de armas disponibles, que exponen a niños y niñas no solo a que puedan a usarlos, sino sobre todo a ser asesinados”, comentó Pérez García.
A inicios de año, la Red por los Derechos de la Infancia que encabeza Juan Martín Pérez expuso que en México diariamente asesinan a tres menores y desaparecen a otros cuatro como parte de esta espiral de violencia.
Precisamente por ello, expone que lejos de si la familia del menor resultó con un historial criminal, lo central del asunto es el peligro al que están expuestos todos los niños. “Ese es el tema, no si esta familia resultó con un historial criminal, no si el niño tenía el riesgo de convertirse en un criminal famoso: el punto es que los niños y niñas de este país están en peligro, y lo lamentable es que la respuesta de las autoridades es evadir su responsabilidad queriendo convertir a papás, a mamás y profesores en policías”, expresó.
El entorno familiar
En las últimas horas las autoridades han hablado sobre el entorno familiar de este menor. Adrián Alanís, secretario de Gobierno de Durango, detalló este martes, por ejemplo, que el padre del menor estuvo preso en Estados Unidos por delitos asociados con narcotráfico.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, declaró que las cuentas de los abuelos y el padre del menor serían bloqueadas como parte de indagatorias de presunto lavado de dinero y defraudación fiscal.
“En particular encontramos flujos de recursos que no corresponde con la forma usual… y esto ha generado la investigación correspondiente. Vamos a presentar los resultados ante la Fiscalía General de la República, la fiscalía del estado y evidentemente estamos en proceso de congelamiento de cuentas en razón de que vimos flujos de recursos que no corresponden a la situación jurídica de las personas”, dijo Nieto.
El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, explicó por su parte que la información que el titular de la UIF difundió se desprende de las primeras indagatorias del caso y recalcó que el abuelo del menor tenía armas pero no para defensa personal, sino por otro tipo de actividades. “Había algo de impulso por parte del abuelo, para que al niño le gustarán las armas”, dijo.
“El papá del niño tenía algunos meses que acaba de salir de prisión en Estados Unidos, todo este entorno pues tiene una razón dentro del ámbito familiar, hay una situación compleja dentro de su familia”, declaró.
Un niño víctima de la violencia
Respecto a esta información, el director de Redim expresó su preocupación respecto al “lamentable” manejo de la información que las autoridades han dado a este caso.
El defensor de los Derechos de la Niñez agregó que estos casos que se mediatizan afectan las garantías judiciales de los presuntos responsables y “después aún con la evidencia y las pruebas, son liberados porque las autoridades jugaron mediáticamente perdiendo las formas”.
“Esperemos que no pase como siempre, al final todo mundo va a olvidar al niño y el contexto de violencia y entonces el tema central va a ser el papá, el abuelo”, dijo.