Más de la mitad de la población mexicana considera mala o muy mala la respuesta del gobierno federal tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido durante las celebraciones del Día de Muertos. El crimen fue atribuido a una célula del crimen organizado.
La percepción negativa coincide con una creciente preocupación social por la violencia y la capacidad de las instituciones para dar resultados. Solo una minoría de ciudadanos evalúa positivamente el manejo gubernamental de este caso.
El escepticismo también se extiende a las expectativas de justicia: una proporción importante de la población duda que los responsables enfrenten consecuencias penales. Este sentimiento refleja la desconfianza acumulada en materia de seguridad.
El tema ha reavivado el debate nacional sobre la efectividad de las estrategias actuales, centradas en inteligencia y coordinación policial. Diversos sectores han señalado la urgencia de reforzar la atención local y comunitaria.
Analistas coinciden en que el gobierno enfrenta el reto de reconstruir la confianza ciudadana mediante acciones firmes y resultados verificables en casos de alto impacto como este.